Privatización por cuenta propia

Por Carlitos

Para que una empresa, un país o una familia viva (funcione) sus ingresos tienen que ser superiores a sus gastos. Cuando la crisis de los 90´s el Estado cubano apostó a una fórmula coherente con nuestro proyecto social: se mantuvieron el empleo y los ingresos del trabajo, pero era imposible mantener el nivel de gastos. La apuesta fue repartir entre todos el costo de esa distorsión: los mismos salarios podrían comprar mucho menos debido a mayores precios privados y estatales.
El problema no estuvo en la política, realmente admirable, muy diferente a las terapias de choque aplicadas en América Latina (y con la reciente crisis en los propios países desarrollados), donde los costos los asumieron los más pobres. El problema estuvo en el tiempo que se alargó esa situación.
El país empezó a crecer, aparecieron otras formas de ingreso (utilidades de los cuentapropistas, remesas y propinas) y los salarios quedaron rezagados, por mucho, mucho tiempo. Aumentó el gasto, pero solo para los que tenían acceso a las nuevas fuentes de ingresos. Como he oído decir a varios amigos: al Período Especial entramos todos juntos, pero vamos saliendo cada uno por separado. Algunos (no pocos) aún no han salido.
Y, como decía al principio, cuando los ingresos de los trabajadores (los salarios) no alcanzan siquiera para cubrir los gastos mínimos de subsistencia de una familia, se rompe el pacto social. Se crean las condiciones para que se incumplan masivamente las leyes y se “acomoden” los consensos éticos de la sociedad. Las personas no pueden elegir voluntariamente dejar de vivir, o dejar de dar de comer a sus hijos. La gente no escogió “luchar”, la gente necesitó “luchar”.
Las salidas fueron múltiples: los choferes de las guaguas, camiones y carros estatales que “botean” o brindan servicios privados de carreras, remolque, carga u otros; los tenderos que venden en establecimientos estatales productos propios; hasta las famosas croquetas de los Di tú, que hace rato dicen que son caseras. Y quisiera creer que son casos aislados, pero no puede serlo cuando todo el mundo sabe lo que cuesta “comprar” la entrada a muchos de estos empleos (salarialmente muy mal remunerados).
Otras fueron más sofisticadas, como el administrador de un rápido que cuando se atrasa la llegada del pollo, paga un camión particular de su bolsillo para buscar la mercancía; el administrador de otro establecimiento del Estado que invirtió en el “negocio” comprando muebles, luminarias y hasta la vajilla; o un joven sin trabajo que recibió un préstamo para poner “como nuevo” un establecimiento del Estado, al que le sacó jugosas utilidades con las que financió su salida del país.
Lo interesante de estos ejemplos (que muestran solo una parte del espectro de “soluciones por cuenta propia”) es que no se puede decir que haya robo, o al menos no explícitamente. En estos casos se utilizan los servicios y establecimientos del Estado para hacer andar un negocio propio. Más que corrupción, es privatización. Muchos de estos servicios o establecimientos, aun cuando legalmente pertenezcan al Estado, hace rato no le pertenecen de facto. Ya no son estatales, son cuando más, negocios mixtos.
La primera reacción es criticar la actitud ética y moral de todos los implicados en estas actividades y llevarlos a los tribunales. Y algo de eso toca (con fuerza), porque muchos (sobre todo los administradores de establecimientos) no lo hicieron para asegurar lo mínimo en el refrigerador, sino que aprovecharon el desorden para amasar grandes fortunas. Pero las cárceles (que ya están cargaditas) no alcanzarían para llevar a todos los implicados. No pocas veces botan a todos los trabajadores de un establecimiento y en poco tiempo una auditoría detecta los mismos abusos. Hay otras cosas de fondo.
Otra solución está asociada a la anunciada conversión de estos establecimientos a “formas de gestión no estatal”. Desde hace un par de años se lleva a cabo un proceso de apertura de cooperativas y arrendamientos de los locales estatales.
Sin embargo, el éxito de cualquier política parte de tener un correcto diagnóstico. En realidad, no se están convirtiendo entidades estatales a negocios privados o cooperativos. Se está oficializando lo que hace mucho ya era privado (o semi privado). Y los primeros resistentes van a ser los actuales semi-dueños. Un administrador que hoy tiene su propio negocio recibiendo insumos subsidiados del Estado, sin pagar impuestos, la electricidad, el agua o el alquiler del local, no querrá pasar ahora a tener el mismo negocio asumiendo todas esas erogaciones. O al menos se lo pensará, porque algún incentivo tiene que el negocio sea legalmente de él. Los empleados que se “mojan” con el negocio serían sus primeros cómplices.
¿No estaremos “apoyando” con la forma en que se materializa la cooperativización y los arrendamientos a los “privatizadores por cuenta propia”? ¿No serán en la práctica esas cooperativas una fachada para seguir desarrollando un negocio que hace mucho tiempo fue privado? ¿Se hace, además, con el apoyo del Estado? ¿Van por ahí los objetivos del nuevo modelo económico? 
No estoy en contra de las cooperativas. De hecho, me pregunto por qué, si se trata de una forma de propiedad más social, es mucho más difícil de montar que un negocio privado. Lo que me preocupa es que la cooperativización se convierta en mecanismos burocráticos que poco eliminen de los vicios visibles y no visibles de estas actividades. ¿No será hora de licitar esos negocios para que los puedan administrar profesionales capacitados a partir de un crédito bancario y no los muchos camajanes que hoy gobiernan y se apropian del mundo de la gastronomía?
Creo en el Socialismo y en la necesidad de transitar a un nuevo modelo económico. Pero nunca iremos al grano si no acabamos de entender y llamar a las cosas por su nombre.

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One response to “Privatización por cuenta propia

  1. Fernando Luis

    Parece evidente que el Estado, el gobierno o la Comisión de implementación…. o todo (o la misma cosa) prefieren la propiedad privada que la cooperativa. Creo que detrás de esto hay un trasfondo político, la propiedad privada es consustancial al verticalismo y la cooperativa (la que no es tapadera) que privilegia la autogestión impondrá (o puede hacerlo) un ejercicio y educación democrática. ¿Existirá temor a que eso se traslade al terreno político?

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